La Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a Miguel Zaragoza, exalcalde de Santa Pola y miembro del Partido Popular, a seis años y medio de prisión por delitos de prevaricación, cohecho y fraude a la administración. La sentencia se refiere a la gestión irregular de la clínica Gran Alacant durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre los años 2003 y 2015.
Una red de favores y beneficios personales
El tribunal considera probado que Zaragoza abusó de su posición institucional para favorecer a personas de su entorno político y familiar. Entre los hechos juzgados, destaca la contratación de militantes del Partido Popular y de su hermana, Pilar Zaragoza, por parte de la empresa que gestionaba la clínica. A cambio, esta entidad obtuvo el uso gratuito de instalaciones municipales y fue eximida del pago del canon correspondiente al consistorio.
Condenas a otros implicados
La sentencia también alcanza a otros implicados en la trama. Pilar Zaragoza, hermana del exalcalde y pareja del entonces concejal Jorge Perelló, ha sido condenada a dos años y tres meses de prisión como cómplice en los delitos.
Asimismo, Jorge Perelló y dos médicos implicados deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Pola con 109.371 euros, suma equivalente a los ingresos que el municipio dejó de percibir debido a los acuerdos irregulares firmados con la clínica.
Por su parte, la empresa Clínica Gran Alacant S.L. ha sido sancionada con cuatro años de inhabilitación para acceder a subvenciones públicas, contratar con administraciones o beneficiarse de incentivos fiscales.
Un proceso judicial de largo recorrido
La resolución judicial llega tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y pone fin a un complejo proceso que ha investigado prácticas irregulares ocurridas hace más de dos décadas. El tribunal concluye que los implicados actuaron de forma concertada para obtener beneficios personales y políticos a costa del dinero público.
La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Por ello, la defensa de los condenados todavía podría evitar la ejecución inmediata de las penas.
Un caso emblemático en la Comunidad Valenciana
Este caso se considera uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción política municipal en la Comunidad Valenciana en los últimos años. Refleja la determinación de la justicia ante el uso indebido de las instituciones públicas y el desvío de recursos públicos hacia fines personales o partidistas.