El pasado 25 de agosto de 2025 quedará grabado en la memoria reciente de los ilicitanos. Ese día, el Ayuntamiento de Elche amaneció con sus sistemas completamente inoperativos debido a un ciberataque de tipo ransomware. En apenas milisegundos, los ciberdelincuentes cifraron los datos de más de 1.500 dispositivos municipales, dejando paralizadas áreas tan sensibles como Hacienda, Servicios Sociales y la Alcaldía.

Solo la Policía Local y la telefonía municipal continuaron funcionando, lo que permitió mantener un mínimo de servicios de urgencia. El alcalde Pablo Ruz describió la situación como “el ciberataque más grave de la historia del Ayuntamiento de Elche” y convocó de inmediato al Comité de Crisis.

La reacción municipal fue inmediata. Con la ayuda del Centro de Seguridad TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV) y del Centro Criptológico Nacional (CCN), así como de una empresa especializada en ciberseguridad, se comenzó a montar una nueva red informática segura para ir recuperando progresivamente los sistemas.

Mientras tanto, la vida diaria de la administración se adaptó a la emergencia. Las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) atendieron presencialmente, aunque sin posibilidad de trámites digitales. Los ciudadanos con cita previa fueron avisados para reprogramar sus gestiones. El alcalde firmó a mano las nóminas municipales y garantizó que tanto empleados como proveedores recibirían sus pagos.

El desconcierto también llegó a la ciudadanía. Vecinos y trabajadores municipales expresaron su preocupación por la posible filtración de datos personales. El PSOE local pidió una Junta de Portavoces urgente para conocer los detalles del ataque, su coste y el impacto sobre los servicios municipales. Por su parte, expertos como Esther Botella, delegada de Protección de Datos de la UMH, recordaron que lo esencial es valorar el alcance en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, además de reforzar protocolos y formación.

La Policía Nacional, con apoyo de Europol, investiga el caso. Los atacantes dejaron una nota de rescate, aunque aún no se ha revelado el contenido económico ni si se produjo una extracción de datos. La administración municipal mantiene contacto directo con las autoridades para seguir los cauces legales.

El ciberataque al Ayuntamiento de Elche ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los servicios públicos ante el crimen digital. Pero también ha mostrado la capacidad de reacción de una ciudad que, aun en plena crisis tecnológica, logró seguir funcionando con recursos manuales y el esfuerzo conjunto de sus empleados públicos.