El Ayuntamiento de Elche ha desmentido cualquier indicio de trato de favor en la concesión de la licencia de obra solicitada por el alcalde Pablo Ruz. Desde el equipo de gobierno se asegura que el procedimiento fue gestionado de la misma manera que el del resto de vecinos que acuden al consistorio a tramitar este tipo de permisos.
El portavoz adjunto, Claudio Guilabert, afirmó que la licencia “se resolvió en tiempo y forma, cumpliendo todos los requisitos legales, exactamente igual que en otros casos”.
Un procedimiento dentro de la legalidad
La normativa vigente establece un plazo máximo de dos meses para resolver las solicitudes de obra. Según aclaró Guilabert, en el caso de la vivienda del alcalde se superó incluso ese plazo, algo que, lejos de reflejar un trato preferente, confirma que se actuó como en cualquier otro expediente administrativo. Además, señaló que cada licencia presenta particularidades concretas y puede requerir documentación adicional o trámites específicos.
Denuncia ante la Agencia de Protección de Datos
La polémica se ha intensificado después de que, según el portavoz, el grupo municipal socialista difundiera la dirección de la vivienda particular del alcalde. Este hecho, calificado de grave por el gobierno local, ha motivado la decisión de interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. El objetivo es proteger la privacidad y la seguridad de Pablo Ruz frente a la divulgación de información personal.
El alcalde se reserva acciones legales
Guilabert también indicó que el alcalde se guarda el derecho de emprender acciones legales si lo considera oportuno, para garantizar la defensa de sus derechos. Desde el Ayuntamiento recalcan que la confrontación política no debería poner en riesgo la seguridad ni la vida privada de ningún representante público.
Mensaje de confianza a la ciudadanía
El gobierno municipal ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los ilicitanos. Recalcó que la tramitación de licencias urbanísticas en Elche se realiza siempre bajo criterios técnicos y jurídicos, sin distinciones, y que la transparencia sigue siendo una prioridad en la gestión pública.
