La ciudad volvió a convertirse en un punto de encuentro para la reflexión social con la mesa redonda “Sobre los 19 años de la Ley de Dependencia”, celebrada en la Universidad Miguel Hernández de Elche y organizada por CCOO Vinalopó–Vega Baja y la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Una sesión que puso sobre la mesa la situación actual del Sistema Valenciano de Servicios Sociales y la preocupación creciente por las decisiones adoptadas por el actual Consell.

La secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, fue clara en su diagnóstico: el sistema está retrocediendo. Montero denunció la paralización de iniciativas estratégicas pactadas en el marco del diálogo social, como el Pla Convivint, que contemplaba la puesta en marcha de 250 centros y más de 7.000 plazas públicas para personas dependientes. Según explicó, este bloqueo dificulta avanzar hacia un modelo que garantice una atención digna y estable en la Comunidad Valenciana.

Montero insistió en que el sistema requiere más infraestructuras, una red territorializada de servicios y más profesionales formados. Recordó que muchas personas dependientes desean permanecer en su entorno, y que para ello son esenciales herramientas como la ayuda a domicilio, la teleasistencia de nueva generación y los centros de día. Estas medidas —señaló— permiten evitar situaciones de desarraigo que afectan a la calidad de vida.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación fue la precariedad laboral en el sector. Montero señaló que la mitad de quienes trabajan en la dependencia tienen contratos parciales o temporales, y que los salarios continúan siendo inferiores a la media estatal. A esto se suma el incumplimiento del acuerdo para la mejora de las condiciones laborales en la red pública, lo que para la dirigente sindical supone un grave retroceso para un sector esencial y altamente feminizado.

Desde CCOO PV se reclamó también la eliminación de la lista de espera que afecta a miles de personas en la Comunidad Valenciana y la reducción de los retrasos en la tramitación de expedientes. Para Montero, solo con un firme compromiso político y con recursos suficientes se podrá garantizar la atención que merecen las personas dependientes.

La jornada también contó con la voz de Eva Guzmán, representante de la Coordinadora de Plataformas por la Ley de Dependencia en el País Valencià, quien lamentó que la Secretaría autonómica no haya mantenido reuniones con su organización. Guzmán puso el foco en las personas cuidadoras, reivindicando que se les reconozcan derechos, descansos y visibilidad. También destacó la importancia de atender a cada persona usuaria según su perfil y denunció diferencias significativas entre residencias públicas y privadas.

En la recta final del encuentro, intervino Rosario Rives, portavoz de la Plataforma de la Dependencia de Elche, quien repasó los 19 años de reivindicaciones y el esfuerzo del colectivo para garantizar el cumplimiento de la ley. Recordó cómo, antes de su impulso, había personas que esperaban hasta cuatro años para recibir prestaciones y cómo la situación empeoró con los recortes aplicados en 2012. Relató también las consecuencias de los copagos, que llegaron a ser inasumibles para muchas familias, especialmente en servicios de salud mental.

Rives explicó que las plataformas tuvieron que recurrir a la vía judicial para obligar a las administraciones a pagar los atrasos y cómo el desarrollo autonómico de la ley se concretó con el decreto aprobado en 2017 durante el Gobierno del Botànic. Ese decreto recogió reivindicaciones esenciales, como la figura del asistente personal, el profesional PATI para menores y el impulso a la prevención de la autonomía.

El encuentro en la UMH dejó claro que la defensa de un sistema de dependencia fuerte continúa siendo un reto central para Elche y para toda la Comunidad Valenciana.