Torrellano suma una segunda campa clausurada mientras el Ayuntamiento mantiene nuevas inspecciones

La regulación de las campas de estacionamiento de vehículos situadas en el entorno del aeropuerto continúa avanzando en Elche. La Policía Local ejecutó este martes por la noche la clausura de una segunda instalación sin licencia ubicada en Torrellano Alto, una campa de más de 50.000 metros cuadrados con capacidad para más de 3.500 vehículos.

Se trata de una nueva actuación dentro del proceso iniciado por el Ayuntamiento para controlar la expansión de este tipo de instalaciones mientras se tramita la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que permitirá ordenar urbanísticamente esta actividad.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado que todo el procedimiento se ha desarrollado con plenas garantías jurídicas y administrativas. Además, ha recordado que la empresa responsable solicitó al juzgado la suspensión cautelar del cierre, una petición que finalmente fue rechazada.

El auto judicial considera que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de abril tiene carácter general y que la actuación municipal responde a criterios públicos y conocidos por los operadores afectados.

Las inspecciones efectuadas por la Policía Local y los servicios técnicos confirmaron que la instalación carecía de licencia de apertura y había ampliado su superficie hasta ocupar un total de nueve parcelas.

Aunque la campa ha quedado clausurada, en su interior permanecen alrededor de 3.650 vehículos. Sus propietarios podrán retirarlos previa solicitud mediante un protocolo establecido entre la empresa gestora y la Policía Local, que supervisará cada una de las salidas.

Con este cierre ya son dos las instalaciones clausuradas en las últimas semanas, superando conjuntamente los 4.500 vehículos afectados.

Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue revisando la situación administrativa de las más de 110 campas detectadas en el municipio. Hasta la fecha se han realizado unas 85 inspecciones y se continúa analizando la situación de decenas de instalaciones, tanto las anteriores al proceso de modificación del PGOU como aquellas que cuentan con licencias provisionales.

Desde el Consistorio reiteran que el propósito de estas actuaciones pasa por garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y ofrecer seguridad jurídica a todas las empresas que desarrollan su actividad en el entorno del aeropuerto.