La polémica entorno a la gestión del Ribera Salud sobre el Hospital del Vinalopó ha pasado de ser un debate político más a una preocupación compartida por muchos vecinos de Elche y Crevillent. Desde diferentes colectivos y plataformas, se cuestiona que un servicio sanitario esencial pueda estar gestionado como si fuera un negocio más.

Durante las últimas semanas, la Plataforma por la Reversión del Vinalopó, en colaboración con Compromís, ha intensificado sus demandas de transparencia y gestión pública. El argumento principal es claro: no puede continuar un modelo en el que, según denuncian, la lógica empresarial prima sobre la salud de las personas.

Una deuda que inquieta y beneficios que alarman

Según los datos aportados por Compromís, la concesionaria acumula una deuda con la administración autonómica —en concreto, con la Generalitat Valenciana— de aproximadamente 75 millones de euros en el área sanitaria de Elx-Crevillent. 
Para este grupo, esa deuda hace “inviable” la continuidad de la concesión.

La controversia se intensifica cuando se sabe que, en 2024, Ribera Salud obtuvo unos 808 millones de euros en beneficios a nivel global. 
A su vez, al cierre del primer contrato de concesión (2010-2025), reconoció que aún quedaban por invertir 1,6 millones de euros como parte del compromiso firmado al adjudicarse el hospital.

Prórroga con promesas de mejora — pero con más dudas que certezas

En marzo de 2025, la Conselleria de Sanidad confirmó la renovación por cinco años más de la concesión del Vinalopó. El plan incluía una inversión extra de 63,5 millones de euros, la ampliación del hospital con 70-100 camas adicionales y la construcción de un nuevo centro de salud en Crevillent.

Sin embargo, muchos vecinos lamentan que las promesas no vengan acompañadas de compromisos de transparencia. Compromís denunció que no se han publicado actas de control, indicadores de calidad o detalles de las liquidaciones que supuestamente justificaron la prórroga.

Alarma tras filtraciones: ¿salud o cuentas?

Lo que ha despertado aún más preocupación es la reciente filtración de un audio atribuido al consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, en el que se sugería aumentar listas de espera, rechazar pacientes o recortar actividad asistencial con el fin de mejorar la rentabilidad.

Ante esta situación, la Plataforma por la Reversión y los sindicatos han pedido una auditoría pública, total claridad en contratos e inversiones, e incluso la reversión de la gestión del hospital al sistema público.

En juego, la salud de miles de vecinos

Más allá del debate político, lo que preocupa realmente es la salud de las personas. Estamos hablando de familias de Elche, Crevillent y municipios colindantes que necesitan una sanidad pública digna, eficaz y sin conflictos de interés.

¿Cómo garantizar que los compromisos de inversión se cumplan? ¿Dónde están los datos reales de atención, personal y recursos? ¿Por qué la administración mantuvo la concesión si existían deudas y obligaciones incumplidas?

El clamor de parte de la ciudadanía, sindicatos y partidos es claro: quieren respuestas. Quieren garantías. Quieren que la salud no se convierta en un negocio.