La moción socialista reclamaba más vivienda pública de alquiler, ayudas para jóvenes y familias y otros recursos para facilitar el acceso a un hogar
La vivienda volvió este lunes, 28 de septiembre, a ocupar un lugar destacado en el pleno municipal. Y lo hizo con un debate que puso sobre la mesa una realidad que afecta cada vez a más personas: las dificultades para encontrar una vivienda que se pueda pagar y mantener cada mes.
La moción presentada por el PSOE no salió adelante después de que PP y Vox votaran en contra, mientras que Compromís respaldó la iniciativa. Los socialistas reclamaban, entre otras medidas, la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler asequible y permanente, un plan municipal de apoyo al alquiler para jóvenes y familias y un incremento de 200.000 euros en las ayudas municipales. También planteaban aplicar en la ciudad las medidas previstas en la Ley estatal de Vivienda.
El portavoz socialista, Héctor Díez, defendió estas propuestas durante el pleno y relacionó la necesidad de reforzar las políticas públicas de vivienda con las dificultades que atraviesan algunas familias. Durante su intervención también hizo referencia al reciente desahucio de Mari Carmen y criticó la subida del precio máximo de la vivienda protegida aprobada por la Generalitat.
PP y Vox no respaldan la propuesta socialista
La posición de los dos partidos que forman el gobierno municipal fue contraria a la moción, aunque los argumentos utilizados durante el debate fueron diferentes.
Desde Vox, su portavoz, Samuel Ruiz, consideró insuficientes las propuestas planteadas por el PSOE y criticó que la moción no incluyera la responsabilidad que, a su juicio, corresponde al Gobierno central en la situación actual de la vivienda. Ruiz también defendió el incremento del precio máximo de la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana argumentando el aumento de los costes de construcción.
El PP también votó en contra de la moción. El concejal Claudio Guilabert defendió durante el pleno las actuaciones municipales que ya están en marcha, especialmente el Plan Casa Fácil, y responsabilizó al Gobierno central de parte de la situación que atraviesa actualmente el mercado de la vivienda.
Compromís, por su parte, sí apoyó la iniciativa socialista y reclamó una mayor intervención pública, más vivienda asequible y un refuerzo de las ayudas al alquiler.
La subida de la vivienda protegida también entra en escena
Uno de los puntos que más debate generó fue el reciente incremento del precio máximo de la vivienda de protección pública en la Comunitat Valenciana.
La Generalitat actualizó el valor estándar del módulo utilizado para determinar el precio máximo de venta de las viviendas protegidas, con una subida del 7%, hasta situarlo en 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, frente a los 2.400 euros anteriores.
El Consell ha defendido que esta actualización pretende garantizar la viabilidad de nuevas promociones ante el aumento de los costes de construcción. Según la Generalitat, estos costes se han incrementado un 21,79%, por encima de la actualización aplicada al precio máximo de la vivienda protegida.
El PSOE de Elche mantiene, sin embargo, una posición crítica con esta subida. Su portavoz ha señalado que para una vivienda protegida de 90 metros cuadrados el incremento supone más de 15.000 euros respecto al precio anterior y considera que puede dificultar todavía más el acceso de jóvenes y familias a este tipo de vivienda.
Son, por tanto, dos planteamientos distintos ante un mismo problema. Por un lado, quienes defienden que actualizar los precios es necesario para que las promociones puedan seguir adelante ante el aumento de los costes. Por otro, quienes consideran que cualquier incremento puede alejar todavía más la vivienda protegida de las personas con menor capacidad económica.
Una cuestión que va mucho más allá del pleno
El resultado de la votación deja claro que no existe un acuerdo entre los grupos municipales sobre qué medidas deben aplicarse para facilitar el acceso a la vivienda.
Mientras tanto, el Ayuntamiento mantiene en marcha sus propios proyectos de vivienda protegida a través del Plan Casa Fácil, una de las actuaciones que el PP utilizó durante el pleno para defender su política municipal en esta materia.
Pero para una persona que busca vivienda, el debate político acaba teniendo una traducción muy sencilla: cuánto cuesta el alquiler, cuánto cuesta comprar un piso y si los ingresos familiares permiten asumir ese gasto.
Por eso, más allá de las diferencias entre PSOE, PP, Vox y Compromís, el debate sobre la vivienda continúa abierto. La votación del pleno de este lunes ha dejado claras las posiciones de cada grupo, pero la dificultad para acceder a un hogar sigue siendo una cuestión pendiente para muchas familias y jóvenes.
